Son cientos de miles las voces que reclaman elecciones anticipadas por el escándalo que supondría que los papeles, publicados por el diario El País el jueves 31.1.13, fueran verdad. Todas reclaman la dimisión de los implicados porque no se puede pedir más sacrificios a la población mientras se cobran sobresueldos millonarios.
Este último escándalo mina los cimientos de nuestra democracia. El daño moral que ha causado a las instituciones ha sido tan grave que, aunque finalmente la justicia termine lavándose las manos, como en el caso Naseiro, por ejemplo, éste gobierno debería dimitir en bloque, y dejar paso a gente que no aparezca en los "papeles", como ejemplo de honorabilidad.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el miércoles negó en el Congreso de los Diputados el pago de sobresueldos en su partido, ha quedado retratado como uno de los favorecidos por los pagos de Bárcenas, siempre que los documentos sean verdaderos y no una burda falsificación, no puede permanecer escondido por más tiempo. Debió ser él quien descalificara la información, quien se pusiera delante de los periodistas para defender su honor y de su partido, en cuya cúpula directiva lleva más de veinte años, y demostrara su inocencia con rotundidad. Cuanto más tiempo permanezca callado, más difícil resultará demostrar que nada sabía del asunto. Si, además, persiste en no enfrentarse a las preguntas de la prensa, aún presumiendo su inocencia, sembrará más dudas de las que pretenda despejar.
Es hora de agarrar el toro por los cuernos, señor Presidente. Ya no puede argumentar que no le consta, a la vista de los documentos manuscritos, solo cabe una respuesta: NO o SI, para acto seguido depurar responsabilidades. No es posible seguir disparando contra el mensajero, ni atacando, como hace un día sí y otro también el Sr. Floriano, contra todo lo que se menea, porque a la gente le interesa la trasparencia y la honestidad, por eso demanda a sus gobernantes, como a la mujer del César, que además de honrados, lo parezcan.
De la reunión del comité ejecutivo del PP mañana pero, sobre todo, de las medidas que se adopten, y de la inmediatez de las mismas, depende la imagen que España transmita a sus socios europeos y al resto del mundo.
Por supuesto, también es el momento de la Justicia. Puede que los delitos, si lo son, o las faltas, como apuntan los expertos, hayan prescrito, pero el daño moral causado a los ciudadanos y a la propia democracia no prescribe y exige responsabilidades. Responsabilidades que no se saldan con una crisis de gobierno que se limite a cambiar unos cromos por otros, deben producirse dimisiones y multiplicarse las explicaciones porque son dos los presidentes señalados: el Presidente del Gobierno de España y la Presidenta de la Comunidad Autonómica de Castilla-La Mancha. Ambos aparecen en las anotaciones y a ninguno les constaba la existencia de sobresueldos. Si es mentira que lo expresen con rotundidad, que no se escondan tras la anunciada auditoría interna que han puesto en marcha.
La presunción de inocencia se nos supone a todos, pero cuando lo que está en juego es el futuro de nuestro sistema democrático, es importante adelantarse al dictamen judicial y mostrar las manos limpias, única forma de recuperar parte de la confianza perdida en estas últimas cuarenta y ocho horas.
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