Elecciones vascogalaicas

Los resultados de las elecciones vascas y gallegas han dejado claro que la abstención perjudica a los partidos de izquierda. Basta echar un vistazo al número de votos emitidos para comprobar que los dos partidos mayoritarios han perdido más de 300.000 votos. Sí, es cierto que el PP renueva la mayoría absoluta, incluso la aumenta en 3 parlamentarios pero, si lo hace, es a costa de la pérdida de más de 200.000 votos por parte del PSdG.

Los analistas políticos sacarán sus consecuencias, y el PP en concreto puede pensar que el aumento de escaños responde a la aceptación de su política. Cada cual puede pensar lo que quiera, pero una correcta interpretación de los resultados no concede carta blanca al gobierno de la nación para continuar con su política de recortes. Las elecciones de ayer no han sido ningún plebiscito, sin embargo han mostrado el hartazgo popular.  Esa desafección política entre el electorado, que aumenta con cada llamada a las urnas,  puede tener malas consecuencias para todos.

Los catastróficos resultados electorales del PSOE parecen la consecuencia lógica de la crisis económica, pero sobre todo de valores, en la que está sumido el país desde hace cinco años. Han sido en el pasado, y lo siguen siendo en el presente, los votantes de izquierdas los que le han dado la espalda a las urnas en mayor número, pensando, erróneamente, que la derecha iba a solucionar la crisis de empleo agudizada con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Se ha votado y los resultados son los que son. Ninguna sorpresa. Ha ocurrido lo que vaticinaban las encuestas y lo que era de esperar, dado el estado anímico de la población.

Hay, sin embargo, un tema recurrente que los abstencionistas olvidan: la crisis de la democracia. 

El peligro reside en la debilidad del sistema democrático español. Desde hace años venimos asistiendo al desmantelamiento de la sociedad del bienestar. Se legisla a base de decretos ley, se modifican leyes fundamentales, y se desmontan los derechos ciudadanos sin el menor pudor, mientras que, amparándose en el totémico derecho democrático, se priva a la sociedad del conocimiento en temas importantes para el conjunto del país. Nadie, ni de derechas, ni de izquierdas, hace públicas las cuentas del estado en su totalidad. No es que resulte difícil para los ciudadanos el control del gasto público de ayuntamientos, autonomías o ministerios, es que resulta imposible la fiscalización de esos gastos. Los políticos hacen, y deshacen, sobre todo lo último, con total impunidad, y cuando finalizan su carrera política pasan a desempeñar sus funciones en el sector privado más próximo a sus competencias, sin que existan restricciones legales para que lo hagan. ¿Por qué, entonces, van a preocuparse más por los intereses generales que por los particulares, propios o de quien les contratará? La democracia, pensábamos los inocentes, acabará con los privilegios de clase, sea social o política, porque someterá a los gobernantes a la fiscalización continua. Eso no solamente no ha sido así, sino que, los encargados de denunciar los abusos, los medios de comunicación de masas, están cada más empeñados en profundizar el engaño.

Podemos votar o abstenernos, esa es una opción personal, pero debemos ser consciente que la opción que tomemos va a tener una repercusión sobre nuestro futuro, si estamos dispuestos a asumir las consecuencias, ninguna objeción, el problema reside en no aceptar los resultados porque son contrarios a nuestros intereses.